AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN DEFENSA DEL AGUA
AMIGOS DE LA TIERRA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE -ATALC
Ante los nuevos intentos de privatización de cara al Foro Mundial en Brasilia
A un mes de iniciarse el Foro Alternativo Mundial del Agua
(FAMA), que tendrá lugar del 17 al 22 de marzo en la capital del
Brasil, país sudamericano que en el pasado reciente ha sufrido un golpe
de Estado por parte de la derecha neoliberal representada por el
presidente ilegítimo Michel Temer, se ajustan los preparativos
liderados por las organizaciones brasileñas e internacionales, teniendo
como lema el agua es derecho no mercancía. En
contraste con las imposiciones y la represión que atraviesa hoy el país
latinoamericano, el FAMA ha sido convocado como un espacio democrático
que quiere reunir organizaciones y movimientos sociales que luchan en
defensa del agua como derecho elemental para la preservación de la vida.
El propósito de esta convocatoria mundial al FAMA es unir esfuerzos
para transformar el agua en un derecho, principalmente en aquellas
poblaciones que sufren los rigores de la pobreza, exclusión social y la
guerra, para quienes el agua es un bien inalcanzable debido a los
intereses mercantilistas de las corporaciones trasnacionales que basadas
en su poder económico, político y militar apoyan la restauración
conservadora en la Región a través de golpes de Estado y otras
estrategias del modelo neoliberal.
Como
contraparte al ejercicio democrático de los movimientos sociales que
una vez más se convocan en el FAMA -esta vez en Brasil- para defender
las aguas, los territorios y a sus pueblos, los marcos regulatorios y
políticas privatizadoras del agua serán profundizadas y negociadas en el
8º Foro Mundial del Agua convocado por el Consejo Mundial del Agua que
es respaldado por corporaciones e instituciones financieras (IFIS) como
su creador, el Banco Mundial. Los Foros Mundiales del Agua (FMA) son
reuniones trianuales que tienen el único objetivo de realizar contratos
respecto a la privatización y comercialización de los bienes comunes
hídricos, una feria comercial y un vehículo para promover la
mercantilización y financierización del agua, que con la supuesta
participación de la sociedad civil entrega lineamientos internacionales
de política pública que posteriormente se aplican en diferentes países, a
través de sus aliados gubernamentales afines al neoliberalismo.
Desde
su inicio en Marrakesh (1997), los FMA han sido denunciados
sistemáticamente como espacios antidemocráticos, en donde las grandes
trasnacionales del agua buscan beneficiarse de las decisiones políticas
para la construcción de mercados en torno al líquido vital. Al respecto,
recordemos que durante las versiones del FMA en México (2006) y
Estambul (2009) se negó a reconocer el agua como derecho fundamental y,
en ese entonces, tan sólo fue definido como una necesidad humana básica
para que la lógica de la inversión se convirtiera en condición
necesaria para favorecer el fenómeno de la privatización[1]
En
su última versión, realizada en Daegu & Gyeongbuk (2015) –
República de Corea-, el FMA ha lanzado un nuevo enfoque basado en la
Ciencia y Tecnología como estrategia para “innovar” en políticas del
agua que abra nuevos mercados. En primer lugar, este enfoque gira
principalmente alrededor de la recolección de información de los
ecosistemas (Smart Technology Water), la eficiencia sobre el uso del
agua y tecnología que haga frente a los desastres del cambio climático.
Esta nueva estrategia, además de ser dirigida exclusivamente por las
corporaciones y por ende monopolizada por grandes trasnacionales,
también desconoce las alternativas y relaciones ancestrales, históricas,
públicas y comunitarias que los pueblos han construido alrededor del
agua, y hace caso omiso del debate internacional relacionado con los
manejos e innovaciones tecnológicas y su uso al servicio de los pueblos,
como lo ha presentado y argumentado suficientemente la Red de
Evaluación Social de las Tecnologías en América Latina -RED TECLA- que
incluye a los científicos/as comprometidos/as con la sociedad y los
movimientos sociales, articulados con el valioso apoyo del Grupo ETC[2].
Al
mismo tiempo, el FMA promociona la economía verde, perspectiva que ha
tenido los mayores avances con programas para el control ambiental
corporativo, que se considera como una buena oportunidad de negocio y
profundiza la financiarización de la naturaleza (World Water Council,
2015). Estas dos estrategias convergen en la propuesta de una gobernanza
corporativa, discurso disfrazado para la privatización, puesto que le
da cabida a nuevos sectores empresariales para tomar decisiones
políticas sobre el agua. No es fortuito que la buena gobernanza en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos sea definida como “aquella donde la autoridad juega un papel menos protagónico” (Domínguez,
2011) y deja actuar en los espacios políticos decisorios a actores “más
eficientes” como pretenden presentarse las corporaciones. Este es sin
duda un nuevo escenario de intento neoliberal de legitimación de
imposiciones que en su momento fueron derrotadas por las articulaciones
populares de los movimientos sociales internacionales, como la misma
propuesta de economía verde del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente -PNUMA-, derrotada en 2012, también en Brasil, por la
Cumbre de los Pueblos por
Justicia Social y Ambiental en Defensa de los Bienes Comunes, paralela a
la Conferencia Rio+20 de la Organización de Naciones Unidas -ONU.
Bajo estas amenazas, los desafíos del Foro Alternativo Mundial del Agua -FAMA-
no son pocos. Partamos de algunos hechos que contextualizan el
fundamental debate del agua en la región de América Latina y el Caribe.
Por un lado, desde los últimos años la Región asiste a un crecimiento
sin precedentes de conflictos por el agua producto del avance del modelo
neoliberal, que además de entregar la gestión del agua a corporaciones,
promueve actividades extractivas y agroindustriales que implican el uso
intensivo de los bienes naturales -el agua en particular-, e impactan
sobre las condiciones de vida de la población y el ambiente. De modo que
los conflictos por el agua no radican en una escasez real o física del
líquido vital, son producto de una escasez inducida por el
acaparamiento, la contaminación, el mal manejo, la monopolización y el
desconocimiento de gestiones ancestrales y comunitarias.
Al
respecto, se hace necesario que el FAMA pose su mirada en alternativas
frente a los despojos territoriales producidos por el modelo de
desarrollo basado en el extractivismo agrícola y forestal, minero –
energético e hídrico. En particular, son ampliamente conocidas las
nefastas consecuencias de la implementación de dicho modelo y que han
dejado profundas huellas en los territorios hídricos de nuestra región.
En noviembre del 2017 se cumplieron dos años del mayor desastre
ambiental en la historia de Brasil con la ruptura de la represa Fundão,
gerenciada por la empresa minera Samarco, controlada por Vale S.A y la
anglo-australiana BHP Billiton. Sesenta millones de metros cúbicos de
lodo tóxico recorrieron más de 650 kilómetros a lo largo del río Doce y
acabaron con la vida de más de 19 personas, destruyendo ecosistemas
enteros, y convirtiendo una hermosa región en un cementerio biológico. Por
su parte, durante los últimos tres años en Argentina se han registrado
sistemáticos derrames de millones de litros de cianuro y otros metales
pesados a los ríos de la provincia de San Juan, responsabilidad de la
empresa Barrick Gold. A pesar de ser considerado como el mayor accidente
minero en la historia de dicho país, hasta el día de hoy se desconoce
con certeza la cantidad de litros derramados en las cuencas hídricas de
la región por negligencia de la empresa, y falta de presencia estatal.
Así podríamos traer a la memoria nefastos casos ocurridos casi en la
totalidad de nuestros países, con consecuencias inconmensurables para
los pueblos y sus territorios.
Probablemente,
otro de los elementos de reflexión que se desarrollarán en el FAMA
consiste en la tendencia mundial de la remunicipalización, entendida
como la recuperación de los servicios de agua de compañías privadas a
empresas públicas. A pesar que la privatización de la gestión y la
infraestructura a través de, entre otras, la figura de Asociaciones
Público Privadas (PPPs) no se ha detenido, en muchos lugares del mundo
ha empezado a fracturarse este modelo por sus consecuencias negativas:
monopolios incompetentes, inversiones insuficientes, mantenimientos
deplorables y, gestiones corruptas y burocratizadas. De esta manera, en
los últimos dieciséis años, más de 235 ciudades de 37 países han
remunicipalizado sus servicios de abastecimiento de agua (Gonzalez,
2015). Hoy más que nunca resulta imprescindible reflexionar sobre la
noción de lo público, precisamente cuando en la actualidad acuerdos
comerciales como el TISA (Trade In Services Agreement) intentan obligar a
las empresas del Estado a operar según consideraciones comerciales,
desnaturalizando su propósito social[3] (Barreto & Chavez, 2017).
En
este contexto, es un desafió promover y comprender la importancia de
las organizaciones comunitarias de la gestión del agua en la
re-interpretación del concepto de lo público -y no solamente poner el
acento en la remunicipalización, que aunque fundamental tiene análisis
pendientes en lo referido al control neoliberal de la mayoría de los
Estados en la Región. Actualmente, existen 80.000 organizaciones
comunitarias en la gestión del agua en América Latina, brindando agua y
saneamiento a alrededor de 70 millones de personas -que representan más o
menos el 10% de la población del Continente. No obstante, su gestión ha
sido invisibilizada, y desdichadamente en muchos casos, insertada en
procesos de privatización permanente. De esta manera, ante la emergencia
del sentido y reconfiguración de lo público, el modelo comunitario
presenta fundamentales enseñanzas basadas en sus relaciones de
solidaridad y reciprocidad, en donde el trabajo colectivo ha respetado
los ciclos hídricos de los territorios y siempre considerado al agua
como un bien común.
Por otro lado, el derecho fundamental al agua, importante
triunfo de la luchas de los pueblos en la defensa de los bienes
comunes, se encuentra en un escenario de disputa. Nuevas aristas en el
debate internacional, principalmente luego que en el 2010 la ONU
reconociera el derecho, han intentado cooptar su lenguaje al afirmar que
el derecho al agua (incluso muchas veces trasfigurado como derecho al acceso a
el agua) puede ser garantizado por empresas privadas, por ejemplo con
el discurso demagógico del FMA que supuestamente intenta esclarecer su
significado y alcance. De este modo, uno de los más importantes retos
consiste en seguir apropiándonos del sentido del derecho fundamental al agua,
no sólo supeditado al mero acceso al agua de los seres humanos, sino de
igual manera a la protección y cuidado de los ciclos de la naturaleza,
de los territorios del agua que posibilitan la permanencia y
dignificación de la vida. Asimismo, será necesario integrar a estas
perspectivas de debate y acción las reivindicaciones relacionadas, como
el derecho a la soberanía de los pueblos para decidir el uso y el manejo
de sus aguas y territorios bajo aspectos consuetudinarios, históricos,
culturales, espirituales y medicinales, y las relaciones profundas que
este aspecto tiene con la soberanía alimentaria, el cuidado de las
semillas, la posibilidad de alimentación y permanencia territorial de
miles de pueblos que habitan la Región.
Sin
lugar a dudas, el Foro Alternativo Mundial del Agua será uno de los más
importantes escenarios en este 2018 para la reflexión de estos y otros
puntos centrales para hacer frente a los intereses corporativos de
privatización, mercantilización y financierización de la vida, y se
constituye como un nuevo espacio de construcción de alternativas y
soluciones democráticas, sustentables y sociales en torno al agua. De
igual manera, es el lugar ideal para seguir consolidando articulaciones
de las luchas sociales y ambientales, populares y soberanas en el mundo y
la región de América Latina y el Caribe, reconociendo que el diálogo
sobre el agua, es un diálogo sobre la vida.
El agua es derecho no mercancía
BIBLIOGRAFÍA
Arconada, S. (2006). Agua ¿derecho humano o mercancía? Los Foros del Agua en México. Cuadernos Del CENDES, 23(61), 175–181.
ATALC (2016). Informe: Estado del agua América Latina y el Caribe. Ediciones Antropos Ltda. Bogotá, Colombia. Retrieved from http://censat.org/es/
Barreto,
V. & Chavez, D. (2017). El TiSA y las empresas del Estado.
Transnational Institute y REDES -Amigos de la Tierra Uruguay-.
Domínguez,
Judith (ed.) (2011). Hacia una buena gobernanza para la gestión
integrada de los Recursos Hídricos. Documento Temático de las Américas.
Water Forum of the Americas. Retrieved from http://www.oas.org/en/
Gonzales,
Javier (2016). “Las empresas españolas se beben los fondos de la
cooperación” en: Revista de los Pueblos. Revista de Información y
Debate. El Agua en Disputa. Primer trimestre del 2016 Nº 68.
Kelsey, J. (2017). TiSA Juego Sucio. UNI Global Union.
Urrea , D. & Pinzón, M (2013). El agua y el derecho. Humano demasiado humano. http://www.rebelion.
World
Water Council. (2015). Synthesis Report. Global Water towards
“Implementation”. 7th World Water Forum 2015. Retrieved from http://www.worldwatercouncil.
Santos, C. (2006). De Caracas a México. En defensa del agua y de la vida. Biodiversidad, 48, 26–27. Retrieved from https://www.grain.org/es/
[1] La declaración oficial del IV Foro Mundial del Agua (México, 2006) era tan inocua y poco clara en torno al derecho fundamental al agua y
con referencias explícitas al manejo por parte del sector privado, que
varios gobiernos acordaron una “declaración complementaria”, en la que
jugaron un papel importante delegados de movimientos sociales, y
finalmente fue firmada por Bolivia, Cuba, Uruguay y Venezuela. Los ejes
de dicha declaración eran el reconocimiento del derecho fundamental del
agua, la defensa de una gestión pública y comunitaria, la exclusión del
agua en los acuerdos comerciales y referencias críticas a los procesos
que construyeron los Foros Mundiales del agua. (Arconada, 2006)
[2]
Para más información acerca de la Red de Evaluación Social de
Tecnologías América Latina, y los importantes esfuerzos que avanza por
la democratización tecnológica y la participación popular en el control
de las tecnologías, puede revisarse: http://redtecla.org/
[3]
El TISA no sólo obliga a las empresas públicas considerar
comercialmente la fijación de los precios, los estandares de calidad,
distribución y marketing, sino a tener un trato “no discriminatorio” de
las corporaciones, ser tratadas como empresas nacionales donde no se
toleraría, por ejemplo que “un
gobierno someta a los inversionistas extranjeros a un escrutinio
especial o que restrinja cuánto de una empresa o activo pueden poseer;
pague subsidios únicamente los locales; exija que los directores
ejecutivos y gerentes sean ciudadanos locales; o reserve determinadas
actividades para las empresas locales.” (Kelsey, 2017)
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