Por Pablo Solón
1) Evo Morales hubiera terminado su tercer mandato el 22 de enero del 2020 con gran popularidad y con la posibilidad de presentarse, e incluso ganar, las elecciones del 2024 si no hubiera forzado su reelección para un cuarto mandato. Siendo presidente de Bolivia: a) desconoció el referéndum del 2016 que dijo NO a su reelección[1], b) promovió en 2017 que el Tribunal Constitucional deje en suspenso los artículos de la Constitución que establecen que una persona sólo puede ser reelegida una sola vez, c) realizó fraude en las elecciones del 20 de octubre para evitar una segunda vuelta e imponer una mayoría de su partido en el parlamento.
2) El gobierno se proclamó ganador de las elecciones a pesar de que habían serias irregularidades: a) El conteo rápido fue detenido intempestivamente el día de la elección, b) la empresa encargada del conteo rápido denunció que dicha orden vino de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que les cortaron el internet y la electricidad para que no continúen su trabajo[2], c) analistas independientes[3] y de la universidad mostraron diferentes delitos electorales, d) la empresa contratada por el tribunal electoral para supervisar las elecciones declaró que el proceso estaba “viciado de nulidad” por una serie de factores[4], y e) la auditoria de las elecciones solicitada por el propio gobierno de Evo Morales a la OEA determinó en su informe que “no se puede validar los resultados de la presente elección”[5].
3) El gobierno minimizó la indignación generada por el fraude. En un principio Evo Morales dijo que eran protestas de pequeños grupos de jóvenes engañados por dinero y por notas que no sabían bloquear y se ofreció incluso a dar seminarios para enseñarles a como bloquear[6]. Cuando se masificaron los paros en todas las ciudades recurrió a la táctica del amedrentamiento y dio luz verde al cerco de las ciudades para “ver si aguantan”[7]. Los enfrentamientos y la violencia provocaron varias muertes y cientos de heridos. Lejos de decaer los bloqueos y paros en las urbes se fueron radicalizando.
4) El gobierno ha tratado de mostrar esta movilización como un golpe de estado de la derecha fascista y racista. Efectivamente todos los sectores de la derecha reaccionaria han aplaudido las protestas. En la ciudad de Santa Cruz el principal dirigente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, viene de una organización de ultra derecha como es la Unión Juvenil Cruceñista. Sin embargo, en las otras ciudades ha habido diferentes articulaciones de sectores independientes y políticos de derecha e izquierda que han dirigido la protesta. En Potosí la oposición al gobierno se radicalizó antes de las elecciones por la suscripción de un contrato por 70 años y sin pago de regalías por la producción de hidróxido de litio del salar de Uyuni. En el caso de La Paz, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia cuenta entre sus principales dirigentes a dos ex Defensores del Pueblo que ejercieron sus funciones durante el gobierno de Evo Morales y que denunciaron serias violaciones a los derechos humanos como la represión a la marcha indígena del TIPNIS el 2011. Por su parte Carlos Mesa, que fue vicepresidente del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, y se convirtió en el principal contendiente electoral de Evo Morales no tiene un partido estructurado y fue más un vehículo de la oposición en las urnas antes que el artífice organizador de las protestas. La rebelión que vive Bolivia es mayoritariamente un hecho espontaneo protagonizado en particular por jóvenes contra el abuso de poder.
5) Es necesario dejar claro que tanto en el lado del gobierno como de las fuerzas de la oposición existen indígenas y trabajadores. El gobierno tiene evidentemente más apoyo en las áreas rurales, pero en el sector de la oposición están también productores de hoja de coca de la zona de los Yungas, dirigentes campesinos, trabajadores mineros, trabajadores en salud y educación y sobre todo jóvenes estudiantes tanto de clase media como de extracción popular. Contrario a lo que ocurrió en anteriores conflictos fue el gobierno el que exacerbó el racismo diciendo que se buscaba desconocer el voto de los indígenas del campo que apoyaban su gobierno. Durante el conflicto se han producido actitudes racistas de ambos lados. La quema de la whipala, la bandera de los indígenas aymara y quechua, es absolutamente deplorable. Sin embargo, se puede constatar en las redes sociales que amplios sectores que integran las protestas contra el gobierno han salido a cuestionar estas medidas y a defender la whipala.
6) La policía en un principio salió a defender sobre todo a los sectores vinculados al partido de gobierno que atacaban los bloqueos. El caso más emblemático se produjo en Cochabamba. Las primeras semanas fueron de un intenso enfrentamiento de jóvenes contra los grupos del MAS y la policía. Para garantizar el respaldo de la policía, el gobierno de Evo Morales durante el conflicto les otorgó un “bono de lealtad” de 3.000 Bs (431 USD). Después de días y noches de permanente enfrentamiento con la población la policía se amotinó. Esta no fue una decisión de la cúpula policial sino de la base. El gobierno trató de negociar con la policía cambiando a algunos comandantes muy cuestionados por la base policial, pero el motín se fue extendiendo a la mayoría de las guarniciones. La policía dejó de salir a enfrentar a los jóvenes que protestaban y ello cambió la relación de fuerzas.
7) El alto mando militar es partidario de Evo Morales como se puede constatar por las manifestaciones de su comandante en jefe[8]. Los militares en Bolivia son el único sector que recibe una jubilación del 100% de su salario. Durante el gobierno de Evo Morales han obtenido una serie de beneficios, empresas y embajadas. Sin embargo, el cálculo político de la cúpula militar fue que salir a las calles representaba una situación de alto riesgo pues podrían ser posteriormente enjuiciados y encarcelados como ocurrió por la masacre de octubre del 2003. En ese contexto los militares decidieron no salir a enfrentar las protestas antigubernamentales y, después de conocerse el informe de la auditoria de la OEA, le “sugirieron” a Evo Morales que renunciará. Con esta actitud los militares más que buscar tomar el poder están precautelando sus propios intereses y su institución.
8) En la actualidad la situación en varias ciudades del país es de extrema tensión, violencia y vandalismo. Varios domicilios particulares de figuras del gobierno y la oposición han sido saqueados y quemados. Antenas y canales de televisión fueron atacados. La noche del 10 de noviembre grupos del vandálicos y del MAS atacaron varios vecindarios en diferentes ciudades. En diferentes ciudades la población se está organizando para defenderse de estos ataques y saqueos que afectan a comercios, fábricas, farmacias y buses públicos.
9) Evo Morales ha renunciado sólo verbalmente y no ha enviado una nota escrita al parlamento. La presidenta y miembros del TSE han sido detenidos por la policia cuando trataban de escapar. En general hay una tendencia a que el vació de gobierno se resuelva por vía institucional a través de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esta salida no es fácil porque el MAS tiene más de dos tercios en el parlamento y debe aceptar la renuncia de Evo Morales y elegir a un presidente transitorio que convoque a nuevas elecciones a la brevedad posible. Si los parlamentarios del MAS no allanan la salida institucional el vacío de gobierno puede generar más situaciones de violencia vandálica, revanchismo y una situación en extremo peligrosa.
La Paz, 11 de noviembre 11 am.
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