Como muestran los datos antes mencionados, y a pesar de que en la academia y en las leyes se crean distinciones abstractas para clasificar las razones por las cuales las personas migran, son muchos los factores y dinámicas que explican la migración. Las personas migran de ciudad o de país porque buscan la reunificación familiar, viven cerca de las fronteras, buscan refugio al huir de un conflicto armado, derecho a la movilidad, estudio, matrimonio, y otras razones. Hoy una persona puede migrar por una combinación de variables relacionadas a un conflicto armado reconocido internacionalmente, como la tragedia que hoy vive el pueblo Sirio. Mañana esa misma persona o familia puede migrar por motivos de trabajo, familiares u otros. Como las políticas públicas no reflejan la realidad de los flujos los migrantes, defensores de derechos, la sociedad civil y algunos gobiernos optan por buscar la categoría que más les convenga para moverse internacionalmente de manera documentada.
Las políticas migratorias deberían responder a la realidad de los flujos y sus dinámicas y no a abstracciones obsoletas. De acuerdo a la ACNUR, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, constituye la fundación de la protección internacional de los refugiados. La Convención define quién es un refugiado y establece una serie de derechos, además de las obligaciones de los Estados. El Protocolo de 1967 retiró las restricciones geográficas y temporales de la Convención. Esto significa que en más de cuarenta años el mundo globalizado está operando con la lógica de la Segunda Guerra Mundial que segrega a un tipo de migrantes de otros. En América Latina hemos expandido lo acordado en esa Convención para proteger a víctimas de la violencia (no necesariamente asociada a guerra de movimientos), menores y víctimas de eventos causados por el cambio climático como lo demuestran las declaraciones de Cartagena (1984) y la de Brasilia (2014), así como el protocolo iberoamericano de acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.
El debate sobre cómo expandir la definición de refugiado, o no, es profundo y no es el objeto de este artículo. Simplemente ilustra cómo las políticas públicas no reflejan la realidad de los flujos migratorios. La crisis en Siria y la migración de tránsito que pasa por Turquía para intentar llegar a Alemania y otros países de Europa habla de refugiados porque esa es la mejor oportunidad política y legal para exigir su protección. ¿No podríamos argumentar lo mismo con relación a los Centroamericanos que cruzan por México para llegar a Estados Unidos huyendo de la violencia y olvido?
Aunque solicitar refugio puede funcionar en situaciones como la de Siria, las políticas de asilo y refugio tienen límites en el número de personas que pueden aceptar y se tornan insuficientes. Es necesario, además de atender las permanentes crisis humanitarias que sufren los migrantes, rediseñar el marco regulatorio de la migración internacional para que refleje la realidad de los flujos mixtos y evite a toda costa la detención, la separación familiar, la segregación, y otras formas de violaciones de derechos humanos y garantice el acceso al debido proceso. Dada la falta de respuesta de los organismos nacionales e internacionales, algunas ciudades, la sociedad civil y especialmente los migrantes han optado por la desobediencia civil como mecanismo para exigir un sistema y políticas más justas.
La migración como desobediencia civil
La migración involuntaria y forzada de millones de personas en el mundo debe ser atendida con políticas globales, coordinadas, que respondan a las necesidades de los flujos migratorios y no como hasta ahora, que desde una lógica de considerar a esos flujos como migración ilegal, apuntan a forzarlos para que se ajusten a normas que arrastran al migrante a la desobediencia civil. Si los estados interpretaran el ingreso irregular a un país como un acto de desobediencia civil en una dimensión transnacional, se avanzaría en la posibilidad de redimir su ilegalidad y reconocer su potencial legitimidad.
El concepto de desobediencia civil según el jurista Norberto Bobbio es una “forma particular de desobediencia que se hace acto con el fin inmediato de demostrar públicamente la injusticia de una ley y con el fin mediato de inducir al legislador a cambiarla”. Definición a la que merece la pena sumar las ya clásicas de Howard Zinn: “violación deliberada de una ley en virtud de un proyecto de vital interés social” y de Hugo A. Bedau: “acto ilegal, efectuado de manera pública, no violenta y consciente con la intención de frustrar una de las leyes, políticas o decisiones del gobierno”.
¿Pero qué significa la desobediencia civil aplicada a los flujos migratorios? Es una posición que frente a las políticas represivas y de violación de derechos que significa considerar a los migrantes como ilegales, busca promover incidencia en normativas y políticas públicas que garanticen en los flujos migratorios el acceso a la dignidad humana.
Decálogo de la desobediencia civil
El filósofo estadounidense John Rawls sintetizó en diez rasgos las características de un acto de desobediencia civil legítimo y José Luis Rocha, investigador nicaraguense del Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica (SJM) los aplicó a las situaciones que enfrentan las personas que migran:
  • 1) Estar convencido de que la ley, el sistema, las políticas, son injustas. Es la convicción más omnipresente. “No es justo. Nosotros sólo queremos trabajar” es una afirmación común ante las redadas y deportaciones.
  • 2) Considerar que los asiste un derecho más elemental y fundacional de la comunidad humana. Se apela ante todo al derecho a trabajar y al derecho a huir de la violencia y el peligro. Ése fue el alegato de Ulises: “En el 97 me fui mojado. Era más duro, caminamos bastante. Por veredas cruzamos la frontera. Seis personas íbamos en ese entonces. Y pasamos tres días para llegar hasta San José. Estando ya allí nos agarraron y nos sacaron para afuera. La policía migratoria. De ahí volvimos a entrar. De la frontera nos volvimos para adentro. Y otra vez nos agarraron. Nos preguntaron qué andábamos haciendo, que si andábamos haciendo alguna cosa mala. No, les dije, nosotros lo que andamos haciendo es buscando trabajo”.
  • 3) Conocer los riesgos que su acto de desobediencia entraña. Cuidarse de “la migra” es un principio básico. Lo fue para Samuel y muchos otros: “Me fui por montes. Pasamos a la par de la frontera. Pagamos un coyote que nos pasara y cuando íbamos pasando por unos potreros tuvimos que pagar plata para poder pasarlos. El coyote le dio plata al guardia para que nos pasara. Íbamos preparados para pagar o ser deportados”.
  • 4) Realizar un acto público que se dirige al sentido de justicia de la mayoría. Así lo demostró Wilbert en una declaración donde aceptaba, al tiempo que apelaba: “Me trataron bien porque acepté venir deportado. Pero yo les decía que venía deportado pero que volvería a entrar. Ustedes me deportan, pero yo voy a volver a entrar, les dije. Porque ustedes saben que uno no puede estar sin trabajar. Me dijeron que sí, que estaban de acuerdo, pero que ellos me tenían que deportar porque así son las leyes. Sí, está bien, les dije yo, no se preocupen”.
  • 5) Tener voluntad de transformar un principio, una ley, y no sólo de cometer una violación puntual. Este mandamiento de Rawls no es cumplido a cabalidad por la mayoría de los migrantes. Pero en muchos de ellos anida una voluntad de desafiar principios legales generales, como los que niegan la reunificación familiar o, como en el caso de Noel, la emisión de documentos a menores que tienen familias que mantener: “No saqué documentos porque mi papá no estaba acá, no vivía con nosotros. Yo estaba sacando los documentos, pero me dijeron que tenía que estar aquí mi papá para dar la firma porque yo era menor de edad. Pero yo tenía familia que mantener y me fui por la urgencia”.
  • 6) Aceptar el arresto y castigo sin resistencia, sin violencia y con respeto por los procedimientos legales, pero con rechazo y conciencia de que se está padeciendo una injusticia. Ivania era consciente del trato injusto. Sin embargo, aceptó la deportación con estoicismo: “Cuando uno se predispone, se le quita un poco el miedo. Eso es lo que me pasó a mí. Se le quita el miedo y uno ya prácticamente tiene realizado qué es lo que uno va hacer o de qué manera uno va actuar, con tranquilidad, cuando lo deportan”.
  • 7) El acto de desobediencia no debe perjudicar los derechos de los demás. “No hemos venido a robar”, dicen los migrantes, buscando deslindar su conducta de actos criminales y aludiendo a un acto reconocido como universalmente delictivo. ¿El robo es un acto de desobediencia civil? En algunas circunstancias podría ser interpretado como un acto de protesta y rectificación de una desigual distribución de la riqueza. Pero es un acto que implica un perjuicio directo a terceros y, por eso, sí puede ser identificado como genuinamente delictivo por los migrantes, en contraposición a su relativamente inocuo cruce irregular de fronteras. ¿Su acto daña la soberanía territorial? Es un reclamo en nombre de una abstracción. ¿Perjudica la gobernabilidad? Rawls sostiene que “si la desobediencia civil legítima parece amenazar la paz civil, la responsabilidad no cae tanto del lado de quienes protestan como del de aquellos cuyo abuso de autoridad y poder justifican tal oposición”.
  • 8) Querer corregir una injusticia que se repite. En el caso de Estados Unidos, Europa y algunos países del Medio Oriente, no sólo hay una negativa a corregir la injusticia, sino una intención de perpetuarla, expandirla y reforzarla. La mayor parte de los cambios legislativos van en esa dirección. Ahí está la ley de Arizona para dar testimonio de ello. Se trata, como dice Rawls, no sólo de “una grave injusticia en la ley sino incluso de una negativa, más o menos deliberada, a corregirla”.
  • 9) Intentar producir un cambio que elimine violaciones sustanciales. Lo sustancial a eliminar sería la negación del ingreso y del estatus legal. Cumplida esa meta se establecerían las bases para eliminar las restantes injusticias: el acceso a un proceso jurídico con todas las garantías legales, la educación, los servicios de salud, el empleo, salarios no inferiores al mínimo, no reducirse a una ciudadanía de segunda clase en los países de destino. Las violaciones a la justicia que la desobediencia civil pretende rectificar son violaciones cuya desaparición establecerá una base para eliminar las restantes injusticias.
  • 10) Apelar a la ciudadanía del país. Rawls señala que “el último tribunal de apelación no es el Tribunal Supremo, ni el Congreso, ni el Presidente, sino el electorado en su conjunto. El civilmente desobediente apela en realidad a este cuerpo”. Es obvio que los migrantes, una vez evadidos los controles migratorios, apelan a ese tribunal social de última instancia: las empresas los contratan, las ONG los defienden, los activistas salen a las calles a defender sus derechos, los académicos aplauden el enriquecimiento cultural que su presencia alimenta.
La desobediencia civil como acto de supervivencia
Existen históricos desobedientes como Henry David Thoureau o Martin Luther King. Pero también se puede encontrar, como lo señala José Luis Rocha en su artículo titulado “Migrantes en camino, iglesias en desobediencia civil”, que los migrantes no están solos en su actitud de confrontar con las leyes para dejar al descubierto la falta de políticas públicas migratorias, sino que son apoyados por instituciones.
Como por ejemplo, señala Rocha, en Nogales, ciudad de 235 mil habitantes partida por la línea fronteriza Nogales-Sonora en México y Nogales-Arizona en Estados Unidos. Más de 21 mil personas en Estados Unidos y “el resto” en México, separados por una valla que se presume infranqueable. Del lado mexicano, a casi un tiro de piedra de la garita Mariposa -un puesto de ingreso y salida en la frontera- está el comedor donde las Hermanas Misioneras de la Eucaristía y los Jesuitas dan comida a los migrantes dos veces al día. Es el comedor de la Iniciativa Kino para la Frontera que coordina el sacerdote jesuita Sean Carroll.
A este espacio, pueden sumarse tantos otros comedores, la parroquia y albergues de Ciudad Juárez, las tantas posadas a uno y otro lado de la frontera, son oasis que hacen posible el diario desacato de las leyes migratorias y que renuevan las energías y esperanzas de los migrantes. Al frente de estos espacios de desobediencia civil están religiosas, sacerdotes, pastores, creyentes católicos, cristianos y también no cristianos que trabajan desde las iglesias, las ONG y las universidades. Son curas y monjas, presbíteras y pastores, imanes y rabinos. Son las catequistas y los fieles más activos, como los describe Rocha.
Cambios sistémicos y globales
El desafío que se plantea a partir de la imagen del cadáver de Aylan consiste en que los gobiernos conviertan la indignación social global en responsabilidad gubernamental globalizada y la foto sirva para cambiar la película.
Hasta el momento, la tendencia es que Europa cada vez rechaza más solicitudes de asilo. En 2008 se recibieron 87.175 aplicaciones de las cuales fueron rechazadas el 78% (68.035). En 2014 la cifra trepó a 134.885 solicitudes siendo rechazas 109.480, el 82%.
Si bien el aura de Aylan provocó que Grecia recibiera a más de 23.000 personas en la primera semana de setiembre, lo que representa un aumento del 50% respecto a la anterior, según una estimación divulgada por Frontex, la agencia europea de fronteras, o que las autoridades alemanas registraran 104.460 solicitudes de asilo solo en agosto, que se suman a las 300.000 recibidas desde principios de año, todavía se está lejos de consolidar políticas y sistemas integrados que garanticen los derechos humanos de los migrantes.
Si los gobiernos no avanzan en cambios sistémicos y globales, frente al migracidio provocado por la falta de políticas que garanticen los derechos humanos básicos, la desobediencia civil de los migrantes no se torna una conducta de rebeldía sino un acto de supervivencia y el apoyo de instituciones a esa desobediencia, no es complicidad con el delito sino una acción de ayuda humanitaria. Falta ahora que así lo interpreten los gobernantes.
Fuentes